Los delitos que están relacionados con menores y, especialmente, los cometidos a través de internet, están creciendo alarmantemente.
La utilización de la Red como elemento socializador por los adolescentes puede acarrear problemas, sobre todo en la realización de determinados comportamientos que hacen con la mayor naturalidad y normalidad, y que son cuestionables e interpretables desde un criterio estrictamente jurídico como conductas presuntamente delictivas.
Grabar y publicar vídeos en internet, enviar mensajes ofensivos, realizar comentarios u observaciones insultantes, humillantes, distribuir imágenes comprometidas o embarazosas de forma indiscriminada en chats, foros, webs o muros de redes sociales, son prácticas demasiado frecuentes y sus consecuencias pueden llegar a resultados trágicos y muy dolorosos para las víctimas y sus familias.
El ciberacoso es un nuevo delito que busca mediante medios tecnológicos crear un entorno de odio hacia el menor que provoque su derrumbe moral, provocando consecuencias tan graves como el propio suicidio. Ahora bien, las conductas cometidas a través de las tecnologías de la información y la comunicación que tienen trascendencia penal, están tipificadas como tales en la legislación española, especialmente las que afectan a los derechos de los menores en materia de protección de datos y derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen.
En este sentido, la intervención de los abogados en el bullying es necesaria en la defensa de los derechos de las víctimas, debiendo contar con conocimientos y herramientas específicas para el trabajo directo e indirecto en esta problemática, familiarizándose con los nuevos entornos tecnológicos y riesgos de las TICs.
Pero, más allá del dominio del ámbito jurídico que compete y se presupone a cualquier abogado, por encima de todo, deben conocer el entorno educativo de los menores y sus conflictos más habituales, enseñarles a aplicar habilidades de gestión emocional para el afrontamiento adecuado de estas situaciones en los despachos profesionales y, sobre todo, transmitir las estrategias de comunicación más eficaces con las familias afectadas.
Es decir, la intervención de los abogados en el bullying no debe basarse sólo en el conocimiento de la Ley, ya que no hay que olvidar que en el momento que una familia decide dar el paso de denunciar el acoso sufrido por su hijo, indicios o sospechas del mismo, no sólo espera una respuesta jurídica, sino también comprensión, empatía y conocimiento de la situación por parte del profesional, en un fenómeno tan complejo como es el bullying.
